La exministra de Salud de de la Nación Carla Vizzotti, y un grupo de empresarios fueron citados a declarar el 2 de junio acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid19 a Estados Unidos.
Se los investiga por presuntamente haber favorecido negocios locales en la fabricación de las dosis.
Las indagatorias fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que había presentado un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnudó una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» durante la pandemia.
Además de Vizzotti, ex funcionaria de Alberto Fernández, fueron citados el empresario Hugo Sigman, el infectólogo Pedro Cahn y otros ejecutivos. Sigman deberá declarar el 19 de mayo; Cahn el 26 de ese mismo mes. Junto a ellos fueron citadas otras doce personas.
El magistrado estableció un cronograma de indagatorias que se desarrollará entre mayo y septiembre, para todos los involucrados en la causa. Según consta en la resolución judicial, las audiencias se realizarán en el juzgado federal y comenzarán con los principales acusados, para luego avanzar sobre funcionarios y directivos vinculados a la negociación y provisión de las vacunas.
Entre los citados también figuran exfuncionarios del área sanitaria como Cecilia Nicolini y Sonia Tarragona, además de otros ejecutivos y representantes de laboratorios internacionales que participaron en las gestiones durante la pandemia.
La investigación judicial busca reconstruir el circuito de toma de decisiones y determinar si existieron irregularidades en las tratativas con distintos proveedores.
En ese marco, el juez Lijo dispuso además medidas específicas para algunos imputados, como el caso de Mauricio Monsalvo, a quien se le levantó el juramento que había prestado previamente como testigo, en función de su nueva situación procesal dentro del expediente.
El expediente se originó a partir de una investigación que apunta a las negociaciones encaradas durante 2020, en el momento más crítico de la pandemia, cuando el Gobierno buscaba asegurar el acceso a vacunas. En ese contexto, la Justicia intenta determinar si las decisiones adoptadas respondieron a criterios sanitarios o si estuvieron atravesadas por intereses económicos y vínculos con determinados actores del sector.