La acusación fue formulada por fiscales de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quienes solicitaron la elevación a juicio oral y estimaron una pena de 8 años de prisión para el imputado, identificado por sus iniciales F.A.P.
Según la investigación, el acusado implementó un sistema de captación, traslado y alojamiento de trabajadores aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Las víctimas, oriundas principalmente de localidades chaqueñas como San Bernardo y La Clotilde, habrían sido trasladadas con promesas laborales que luego no se cumplieron. Además, el imputado financiaba los pasajes y descontaba esos costos de los salarios, generando un esquema de endeudamiento que limitaba su posibilidad de abandonar el lugar.
El caso salió a la luz en septiembre de 2025, tras la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio. Durante un allanamiento realizado el 1 de octubre en el campo ubicado sobre la ruta provincial N°1, se identificó a 45 personas en el lugar. Sin embargo, la acusación se centra en 20 víctimas, en base a los testimonios recolectados.
La fiscalía describió condiciones de vida y trabajo extremadamente precarias: los trabajadores dormían en galpones improvisados, sin acceso a servicios básicos ni agua potable, y debían higienizarse en zonas de monte. Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de 12 horas, sin días de descanso y con salarios por debajo de lo establecido legalmente.
En el procedimiento se secuestraron más de 10 millones de pesos, 4.205 dólares, 12 armas de fuego y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos. También fue incautada una camioneta que, según la fiscalía, habría sido utilizada para la comisión del delito.