El presidente Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone cambios estructurales en el sistema político argentino. La iniciativa abarca desde la eliminación de las PASO hasta nuevas reglas para la conformación de partidos, financiamiento de campañas y mecanismos de votación, en un escenario que necesitará el apoyo de gobernadores clave para avanzar.
El Gobierno busca modificar de manera integral el esquema electoral con un paquete que apunta a reducir costos, endurecer controles y redefinir la competencia política. Aunque todavía no fue girado al Congreso, en Casa Rosada anticipan que el Senado sería la cámara de origen, con la mira puesta en negociar con las provincias.
Uno de los ejes centrales es la eliminación de las PASO. En su lugar, se propone un sistema de avales ciudadanos con validación biométrica, que obligará a los candidatos a reunir apoyos verificados digitalmente. La medida apunta a limitar la proliferación de los llamados «sellos de goma», espacios con escasa representación electoral.
El proyecto también modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Eleva las exigencias para constituir nuevas fuerzas y mantener la personería jurídica. Los partidos de distrito deberán acreditar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón, mientras que para alcanzar carácter nacional se exigirá presencia en al menos diez distritos. Además, perderán la personería quienes no alcancen el 3% del padrón en dos elecciones consecutivas.
En materia de votación, se consolida la Boleta Única de Papel, con la posibilidad de elegir lista completa en un solo casillero. En elecciones simultáneas, se podrán incluir cargos nacionales, provinciales y municipales en una misma boleta.
El apartado ético incorpora además la denominada «Ficha Limpia». La norma inhabilita a competir por cargos electivos a quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia y extiende esa restricción a funcionarios del Poder Ejecutivo. Según expresó el Presidente, el objetivo es «terminar con la impunidad».
El financiamiento político también sufre modificaciones. La iniciativa eleva los topes de aportes privados y elimina los límites de gasto de campaña. A la vez, prohíbe donaciones de personas vinculadas a delitos graves y establece sanciones para las agrupaciones que no justifiquen el origen de los fondos, que podrían perder financiamiento estatal por hasta cuatro años. El aporte público se concentrará en un pago anual y se elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales.
Otra de las novedades es que el debate presidencial dejará de ser obligatorio. Y, en el plano internacional, el proyecto suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que se establezca una fecha común en el bloque, el denominado «Día del Mercosur Ciudadano». Mientras tanto, los representantes serán designados por la Cámara de Diputados.