Columna de Opinión , Mario Piccoli: La Política Criminal

Sáenz Peña.- En la Unidad Penitenciaria N° 2 de Presidencia Roque Sáenz Peña, alrededor del 92% de los internos alojados, pertenecen a sectores populares. Debemos reconocer por tanto, que el derecho penal sigue siendo clasista. Nadie pensará que en los sectores de clase media, clase media alta y clase alta no se cometen delitos. Y que lo que se persigue penalmente es el delito callejero.-

Alrededor del 83% de las personas que ingresan en condición de detenidos en la Unidad Penitenciaria N°2 de la ciudad no tienen los estudios primarios terminados.

Por lo tanto, elevar la masividad del acceso a la educación con calidad es un elemento de incidencia en la lucha contra el delito.-

Si nosotros observamos la grilla de personas detenidas en las comisarías de nuestra ciudad, vemos que el delito de abuso encabezaba los delitos hasta Abril de 2018. Tras la devaluación económica que se produce en ese momento los delitos contra la propiedad tomaron ventaja, ej arrebatos, robo de moto, bicicletas, celulares, etc. Lo que nos indica que las necesidades y apremios de los sectores más populares cambiaron drásticamente. Situación que requiere políticas combinadas en términos sociales de generación de empleo y valores cívicos y humanos que se instalen en el imaginario colectivo.-

En cuanto a los delitos de abuso, se puede afirmar que existe una cultura desde Sáenz Peña hacia el Norte de la Provincia, con epicentro en la ciudad de Castelli, abarcando todo el Impenetrable, donde la figura parental (padrastro) se cree con derecho sexuales o de intimidad con las niñas y adolescentes de la familia. Por lo tanto se observa con imperiosa necesidad, la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos y una adecuada explicitación de la problemática en los medios masivos de comunicación, tanto como en las redes sociales.

La política criminal no debe ser decidida por el imperio de emociones, ni de las conveniencias políticas de un sector, sino que debe ser cuidadosamente elaborada por los actores sociales, por ej. escuchar a la víctima, a la Policía, al personal de la

UPI, de Desarrollo Social, de la justicia , al Consejo de Seguridad, definiendo los especialistas en el área su letra fina.-

Las dos últimas reformas del Código Penal que agravaron las penas y que mostraban una tendencia de mano dura, la denominada Reforma Blumberg (Ley 25.886) y en la gestión Macri la reforma del art 14 del Código Penal, que genera contradicciones internas en el Código Penal, sobre todo con el art. 41, contradiciendo la Ley de Ejecución Penal Ley 24.660 y sus modificatorias han mostrado que el incremento de las penas por sí solas no resuelven el problema de la inseguridad y genera en ciertos delitos una limitación significativa a la intervención de los jueces.

La seguridad ciudadana comienza desde la penitenciaría promoviendo la reinserción social del condenado, ya que el grado de reincidencia es muy alto.-

 

Dr. Mario Piccoli

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