En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícitoy mientras se espera la presentación de su declaración jurada patrimonial, se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se incorporó al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias contemplado en la Ley de Principio de Inocencia Fiscal. Según trascendió, su esposa, Bettina Angeletti, también realizó el trámite días atrás.
La adhesión tomó relevancia política y judicial porque el esquema elimina la obligación de justificar variaciones patrimoniales ante ARCA. Bajo este sistema, los contribuyentes sólo deben informar ingresos, deducciones y otros datos básicos vinculados a la liquidación del impuesto.
La herramienta forma parte de la Ley 27.799, reglamentada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 93/2026. La iniciativa había sido presentada oficialmente como un mecanismo para incentivar el uso de ahorros no declarados, conocidos popularmente como los «dólares bajo el colchón».
Uno de los cambios más importantes introducidos por la norma fue la actualización de los montos mínimos para considerar configurados delitos de evasión fiscal. En los casos de evasión simple, el piso pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada aumentó de $15 millones a $1.000 millones.
La ley también elevó los montos aplicables a otras conductas previstas en el Régimen Penal Tributario, entre ellas el uso indebido de beneficios fiscales, la utilización de facturación apócrifa y la apropiación de impuestos retenidos.
Además, ARCA quedó facultada para abstenerse de impulsar denuncias penales si el contribuyente regulariza su situación antes de que se inicie una causa judicial o cancela la deuda junto con intereses y recargos dentro de los plazos establecidos.
Otro de los puntos centrales de la normativa fue la reducción de los tiempos de fiscalización. A partir de la reglamentación vigente, el organismo recaudador dispone de tres años para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o avanzar sobre operaciones no declaradas.
El régimen simplificado de Ganancias al que se incorporó Adorni está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonios por debajo de determinados límites. Según el artículo 38 de la ley, pueden adherirse quienes hayan registrado, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ingresos totales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no estén categorizados por ARCA como «grandes contribuyentes nacionales».
La normativa también habilita al Poder Ejecutivo a establecer requisitos adicionales y prevé que ARCA pueda excluir a quienes no cumplieran las condiciones al momento de adherirse. En esos casos, el organismo puede fiscalizar períodos no prescriptos, reclamar diferencias impositivas y aplicar sanciones.
A diferencia del sistema tradicional, los contribuyentes alcanzados por este régimen ya no deben informar consumos personales ni explicar incrementos patrimoniales. La declaración jurada se limita a ingresos y gastos deducibles, con los que ARCA calcula el impuesto correspondiente.
El cambio implica que determinadas compras o gastos realizados con fondos previamente no exteriorizados no generen automáticamente requerimientos para justificar el origen de esos recursos ante el organismo tributario.
La ley también endureció las sanciones por incumplimientos formales. Las multas por presentar fuera de término declaraciones juradas pasaron de montos bajos a escalas significativamente más altas, que pueden alcanzar cifras millonarias en los casos más graves.
La iniciativa se complementó además con otras medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la reducción de regímenes informativos y el aumento de los montos mínimos a partir de los cuales bancos, billeteras virtuales y otras entidades deben reportar operaciones financieras de sus clientes.