La operación internacional «Aliados por la Infancia VI» desplegó uno de los mayores operativos coordinados contra la explotación sexual infantil con fines de distribución de material en plataformas digitales. La investigación incluyó más de 266 allanamientos simultáneos en 18 provincias argentinas y al menos 17 países, con un saldo de 26 detenidos en el país y más de 80 a nivel mundial.
El procedimiento fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la intervención de la fiscal especializada en cibercrimen Daniela Dupuy, en conjunto con organismos internacionales como la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad de ese país. La pesquisa se apoyó en herramientas tecnológicas avanzadas y en reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que permitieron identificar usuarios vinculados a la distribución de material ilegal.
Durante los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital y, en algunos casos, armas de fuego. Los detenidos enfrentan cargos por tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
Allanamientos en todo el país
Los procedimientos se realizaron en múltiples jurisdicciones. Entre las principales se destacan Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Chubut y Chaco, entre otras. En total, el despliegue abarcó 18 provincias argentinas, además de operativos en países como Brasil, Colombia, México, España, Francia, Perú, Uruguay y Panamá.
LOS OPERATIVOS EN CHACO
En la provincia del Chaco, el Departamento Cibercrimen llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Sáenz Peña, en el marco de esta investigación internacional.
El procedimiento se realizó durante la madrugada del martes, con intervención judicial y coordinación con otras jurisdicciones. Participaron divisiones investigativas de Sáenz Peña y Villa Ángela, junto al Equipo Fiscal N°1.
El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Corrientes al 100 aproximadamente, donde se desarrollaron tareas especializadas de análisis forense informático y preservación de evidencia digital. Como resultado, se secuestraron un teléfono celular y distintos elementos informáticos, entre ellos gabinetes de computadoras, una placa madre y un dispositivo de almacenamiento USB.
Todo el material incautado fue resguardado bajo cadena de custodia y puesto a disposición de la fiscalía interviniente para las pericias correspondientes. La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar responsabilidades y profundizar el análisis del contenido secuestrado.
En ese marco, uno de los hechos más relevantes del caso se registró en la provincia de Santa Cruz, donde fue apartada de su cargo Ivana Álvarez, directora de un Centro Integrador Comunitario en Río Gallegos, luego de que su domicilio fuera allanado en el marco de la causa.
Desde el gobierno provincial señalaron que la decisión se tomó de manera preventiva para resguardar la institucionalidad. La funcionaria quedó a disposición de la Justicia, que investiga su posible vinculación con la red.