La muerte de un anestesiólogo de 31 años por sobredosis derivó en una investigación judicial y administrativa que busca determinar el origen de drogas de uso exclusivo hospitalario halladas en su domicilio, así como posibles circuitos de sustracción y consumo irregular por parte de profesionales de la salud.
El médico, identificado como Alejandro Zalazar, fue encontrado sin vida el pasado 20 de febrero en su departamento. Presentaba una vía conectada al pie y se hallaron insumos descartables y fármacos anestésicos. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias utilizadas en procedimientos médicos bajo estrictos controles.
A partir de ese hallazgo, se inició un rastreo de los medicamentos que permitió establecer su procedencia en un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires. Ese dato activó un sumario interno y derivó en la intervención de la Justicia, que puso bajo sospecha a un anestesiólogo de planta y a una médica residente, señalados como presuntos responsables de la sustracción y circulación de estas drogas.
En ese marco, la investigación identificó a dos profesionales del área de anestesiología, Hernán Boveri, médico de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año, como presuntos responsables de la sustracción y circulación de estos fármacos. Ambos fueron apartados de sus funciones y quedaron bajo investigación judicial, en una causa que analiza un posible esquema de desvío de medicamentos dentro del ámbito hospitalario.
Hernán Boveri y Delfina Lanusse.
Según las actuaciones, los hechos se habrían extendido desde 2023 hasta mediados de febrero de 2026. La Justicia ordenó allanamientos, tomó declaraciones indagatorias y dispuso medidas restrictivas, como la prohibición de contacto entre Boveri y Lanusse y la prohibición de salida del país, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades.
Durante las indagatorias, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó una presentación por escrito. En esa exposición, hizo referencia a cuestiones personales y buscó plantear su situación ante la Justicia, sin aportar elementos centrales sobre el objeto de la investigación.
El expediente se centra en la presunta sustracción de medicamentos de uso exclusivo hospitalario, que no se comercializan de manera libre. Por tratarse de drogas legales, la causa no se encuadra en figuras vinculadas al narcotráfico, aunque podría avanzar bajo delitos como hurto o administración fraudulenta, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión.
Una de las imágenes que se presume es de la «Propofest».
En paralelo, comenzaron a circular entre profesionales de la salud audios y mensajes que describen reuniones privadas donde se habrían utilizado estos anestésicos con fines recreativos. Según esos testimonios, en las llamadas Propofest (fiestas de propofol) se empleaban bombas de infusión y existía incluso una persona encargada de asistir en casos de depresión respiratoria.
También se mencionan prácticas irregulares para evitar controles laborales, como la presentación de certificados médicos falsos durante jornadas antidoping. Sin embargo, estas versiones no cuentan hasta el momento con respaldo judicial ni administrativo dentro de la causa.
Fuentes vinculadas a la investigación aclararon que no hay elementos que acrediten versiones más extremas que circularon públicamente, aunque sí se analiza la existencia de reuniones privadas en las que habría habido autosuministro o intercambio de estos fármacos.
Además del expediente por la presunta sustracción de medicamentos, se tramita una causa paralela que investiga la muerte del anestesiólogo como un fallecimiento dudoso, mientras avanzan peritajes y medidas de prueba.