El Gobierno y los legisladores oficialistas presentaron esta semana la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones, basada un 50% en la evolución de los salarios y un 50% en la recaudación, similar a la que estuvo vigente hasta 2017. Sin embargo, los abogados previsionalistas advierten que el cambio —que debe ser aprobado por el Congreso— podría abrir la puerta a nuevos reclamos judiciales por parte de los jubilados.
Por un lado, porque no se compensa a los jubilados por las pérdidas en sus haberes frente a la inflación de los últimos años y, además, si el próximo año los aumentos otorgados quedan por debajo de los aumentos promedio que reciben los trabajadores activos, por el impacto del tope que pone la recaudación.
Va a haber un conflicto de políticas sociales, porque para mejorar el empleo y la producción podrán tomarse medidas que signifiquen un sacrificio recaudatorio, y entonces el sacrificio será de los jubilados
“La movilidad de los jubilados va a representar no solo la capacidad recaudatoria del Estado, sino su voluntad política. Va a haber un conflicto de políticas sociales, porque para mejorar el empleo y la producción podrán tomarse medidas que signifiquen un sacrificio recaudatorio, y entonces el sacrificio será de los jubilados. Los jubilados terminarán pagando el costo de la totalidad de las medidas sociales. Es absurdo”, advirtió la abogada Elsa Rodríguez Romero, especialista en Seguridad Social.
La nueva fórmula, según detallaron desde la Anses, contempla un 50% de la variación semestral del valor del Ripte y un 50% de la recaudación tributaria. En el primer ajuste (en marzo de 2021) se toma en cuenta la variación interanual del semestre. Y luego la recaudación total, es decir, la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos 12 meses. Los períodos tienen un rezago de tres meses respecto a la movilidad aplicada.