La fiscalía que investiga el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, impulsó una nueva serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir ingresos, gastos, bienes y movimientos patrimoniales que forman parte del expediente.
Entre los requerimientos figuran pedidos de información sobre actividades laborales desempeñadas por ambos, declaraciones juradas patrimoniales, movimientos registrados en una propiedad ubicada en un barrio privado, una compra de mobiliario por más de $8 millones y posibles operaciones relacionadas con activos digitales.
una de las medidas apunta a otra causa judicial que involucra a Francisco Jorge Adorni, hermano del funcionario. El fiscal solicitó una certificación amplia del expediente para conocer las personas involucradas, los hechos investigados, el estado procesal y cualquier referencia vinculada con bienes familiares, dinero en efectivo o cuestiones sucesorias que pudieran guardar relación con la investigación principal.
Según la resolución, el objetivo es determinar si existe alguna conexión entre ese expediente y los aspectos patrimoniales que actualmente se analizan respecto de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
Actividades laborales y declaraciones patrimoniales
La fiscalía también requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires información sobre cualquier vínculo laboral, contractual o remunerado que Manuel Adorni hubiera mantenido con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023.
El pedido incluye antecedentes administrativos, funciones desempeñadas y detalles sobre remuneraciones, honorarios o compensaciones percibidas durante ese período. El mismo requerimiento fue realizado respecto de Bettina Angeletti para los años comprendidos entre 2018 y 2023.
Además, se solicitó información sobre eventuales declaraciones juradas patrimoniales presentadas por ambos y copias de esa documentación.
Los movimientos en una vivienda de Indio Cuá
Otra línea de investigación se centra en un inmueble ubicado en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club.
El fiscal pidió los registros de ingresos y egresos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 para identificar proveedores, contratistas, transportistas, personal de obra y empresas que hayan intervenido en reformas, acondicionamiento, amoblamiento o provisión de materiales para la propiedad.
También se solicitó información sobre el ingreso de muebles, electrodomésticos y otros bienes, así como la identidad de las personas que recibieron esos envíos.
La situación habitacional de la madre del funcionario
La resolución incluye un pedido de información sobre Silvia Pais, madre de Manuel Adorni. A partir de publicaciones periodísticas, la fiscalía requirió a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si reside en ese barrio privado, desde cuándo ocupa el inmueble y bajo qué modalidad.
En caso de tratarse de una locación, se pidió además el contrato correspondiente, el monto abonado, la forma de pago utilizada y la documentación respaldatoria de expensas y pagos efectuados.
Una compra de muebles por más de $8 millones
A partir del análisis del teléfono celular de Matías Tabar, la fiscalía solicitó información a Industria Argentina del Descanso S.A., firma que opera comercialmente como Rosen The Store.
El requerimiento está vinculado con una factura emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis por $8.183.303,25.
Los investigadores buscan determinar el medio de pago utilizado, la fecha de cancelación de la operación, la identidad de quien realizó el desembolso y el destino final de los productos adquiridos. También solicitaron datos sobre la entrega de la mercadería y las personas que la recibieron.
El capítulo de las criptomonedas
La investigación incorporó además un apartado vinculado con activos digitales. En ese marco, el fiscal solicitó a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento de las empresas, plataformas, exchanges, billeteras virtuales y prestadores de servicios de criptoactivos que operaron en la Argentina desde 2012 hasta la actualidad.
El pedido incluye información sobre la situación regulatoria de cada entidad, antecedentes de supervisión y el marco normativo vigente en los distintos períodos analizados. Las medidas ordenadas establecen un plazo de 72 horas para la remisión de la información requerida.