El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el Senado, en medio de las repercusiones políticas por el colapso de Ueno Bank. La presentación fue realizada mediante una carta enviada a los legisladores, poco más de dos horas antes de la comparecencia prevista para este viernes.
En el documento, dirigido al titular de la Cámara Alta, Basilio «Bachi» Núñez, Peña cuestionó el plazo establecido para responder a las acusaciones. Según explicó, recibió la notificación a las 22.15, junto con un escrito de 15 páginas y cerca de 300 fojas de documentación complementaria.
El mandatario argumentó que disponer de menos de 12 horas para revisar el expediente, designar un abogado y organizar su estrategia de defensa resultaba insuficiente. Por ese motivo, pidió una postergación de tres días para poder analizar las actuaciones y presentarse ante los legisladores.
El cierre de Ueno Bank y el impacto financiero
La crisis que sacudió al escenario político paraguayo comenzó con la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central de Paraguay tras detectar niveles de solvencia inferiores a los mínimos exigidos por la normativa vigente.
La entidad administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos previsionales. Su cierre generó preocupación por el destino de ese dinero y reclamos de ahorristas que buscan recuperar sus depósitos.
En paralelo, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026. La investigación apunta a determinar las responsabilidades de directivos y accionistas en la situación que llevó al colapso de la institución.
Las consecuencias del caso trascendieron el ámbito bancario y profundizaron los cuestionamientos contra Santiago Peña, en un contexto de creciente tensión institucional y discusiones sobre su responsabilidad política.
El pedido de prórroga se produce en medio de ese escenario y busca garantizar un mayor plazo para responder a las acusaciones presentadas ante el Senado.