A través de un tenso debate, la Legislatura finalmente aprobó con 14 votos la polémica ley que habilita el pago de salarios a presos de la provincia por el trabajo que realicen mientras estén privados de su libertad. El objetivo de la ley es «mejorar su reinserción en la sociedad».
Los legisladores provinciales de la oposición criticaron el aprobado proyecto que fue enviado por el Ejecutivo a inicios de marzo, y pusieron en duda las prioridades del Gobierno al, por ejemplo, hacer referencia al salario docente o policial. Livio Gutiérrez y su par Carim Peche, concordaron en la crítica de que se «rente a personas que violaron, mataron o dañaron». La diputada Liliana Spoljaric aclaró en este sentido que, según el artículo 12, lo que recibirá el recluso será sólo una proporción.
Según también el artículo 12, la remuneración que perciba el recluso será similar al salario mínimo, vital y móvil. A su vez, no podrá ser inferior al tercio de este monto. «El trabajo es un deber y no un derecho, por lo que el mismo será utilizado como medio de tratamiento reeducativo y no como castigo adicional», afirma el proyecto.
Teniendo en cuenta el monto total, el artículo 14 de la ley explica que, hasta el 10% del salario que el recluso perciba, podrá ser utilizado para gastos personales. Otro 10% podrá ser utilizado para indemnizar los daños y perjuicios que causó su delito y hasta un 30% para asistir a su familia.