La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que denunció presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial de la denominada Causa Vialidad.
Durante una conferencia de prensa, los abogados de la expresidenta explicaron que la presentación busca que el organismo internacional analice el caso al considerar que la condena vulneró garantías fundamentales y tuvo como finalidad impedir su participación en futuras elecciones.
Entre los ejes centrales de la denuncia, la defensa sostuvo que se violó el derecho de Cristina Kirchner a participar en la vida política, al considerar que la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituyen una forma de proscripción electoral contraria al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, cuestionó el derecho a un juicio justo. Según el escrito, la expresidenta fue responsabilizada por decisiones administrativas que, de acuerdo con su interpretación, no le correspondían constitucionalmente. También objetó que la condena se apoyara, entre otros elementos, en el Decreto 54/2009, una norma que continúa vigente.
Otro de los planteos apunta a la falta de un tribunal independiente e imparcial. La defensa afirmó que existieron irregularidades en la asignación de la causa y cuestionó presuntos vínculos entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores, lo que, a su criterio, afectó la imparcialidad del proceso.
También denunció la vulneración del principio de presunción de inocencia. En ese punto, sostuvo que desde el inicio de la investigación existió una presunción de culpabilidad y mencionó declaraciones públicas del presidente Javier Milei, a quien atribuye haber presentado la condena como una decisión impulsada por él.
El documento además cuestiona las condiciones en las que se desarrolló la defensa técnica. Según los abogados, durante el juicio se incorporaron pruebas provenientes de otros expedientes sin posibilidad efectiva de contradicción y la acusación habría tenido acceso a documentación que fue negada a la defensa.
En relación con la revisión de la sentencia, la presentación sostiene que la Cámara Federal de Casación Penal no analizó de manera suficiente los planteos realizados y que las instancias superiores tampoco efectuaron un control efectivo del fallo, por lo que no habría existido una revisión judicial plena.
La defensa también invocó el principio que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. En ese sentido, afirmó que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido investigadas anteriormente y esos expedientes habían concluido con archivos o sobreseimientos.
Por último, cuestionó el derecho a un recurso judicial efectivo. Entre otros aspectos, objetó la actual integración de tres miembros de la Corte Suprema y señaló que esa conformación afecta las garantías de independencia. Además, criticó que un magistrado recusado haya intervenido en la resolución de su propia recusación.
Qué medidas cautelares pidió la defensa
Mientras el Comité analiza la presentación, la defensa solicitó la adopción de medidas cautelares.
El principal pedido consiste en suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos , al considerar que deriva de una condena que califica como arbitraria y que esa sanción resulta incompatible con precedentes del propio Comité de Derechos Humanos.
Además, reclamó el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, al sostener que su actual composición afecta el derecho a una revisión judicial efectiva.
Respecto de la prisión domiciliaria, solicitó el retiro de la tobillera electrónica , la eliminación de las restricciones para recibir visitas y la posibilidad de acceder al aire libre en condiciones similares a las de otras personas que cumplen esa modalidad de detención.
La presentación también pidió que Cristina Kirchner reciba un trato igualitario respecto de otros detenidos con prisión domiciliaria y que las autoridades no la responsabilicen por las manifestaciones realizadas por terceros frente a su domicilio.
Finalmente, la defensa sostuvo que la expresidenta agotó todas las instancias disponibles en la Justicia argentina. Recordó que, tras la confirmación de la condena, interpuso los recursos previstos por el ordenamiento jurídico y que la decisión de la Corte Suprema del 10 de junio de 2025 dejó firme la sentencia, habilitando así la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.