El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno impulsará una profunda reforma de la Ley de Cabotaje para habilitar que buques de bandera extranjera puedan transportar cargas y pasajeros entre puertos argentinos, una actividad que actualmente está reservada, con excepciones, a embarcaciones nacionales.
El anuncio fue realizado durante la inauguración de la Exposición Rural, donde el mandatario confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar el Decreto-Ley N.º 19.492/44. Según explicó, la iniciativa busca desregular el transporte fluvial y marítimo, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad del sistema portuario.
De aprobarse, la reforma permitirá que embarcaciones extranjeras realicen operaciones de cabotaje mediante autorizaciones temporarias, con un nuevo esquema de requisitos para su funcionamiento en el país.
Los principales cambios
El proyecto contempla una serie de modificaciones al régimen vigente:
Habilitar a buques extranjeros para transportar cargas y pasajeros entre puertos argentinos.
Flexibilizar las exigencias para la contratación de tripulaciones nacionales.
Eliminar los aranceles para importar embarcaciones nuevas o de hasta 20 años de antigüedad.
Establecer una incorporación progresiva de personal argentino hasta alcanzar un mínimo del 75% de la tripulación al cabo de un año.
Permitir que, durante los primeros 90 días de operación, las embarcaciones funcionen sin tripulación argentina.
Qué busca el Gobierno
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma permitirá incrementar la oferta de embarcaciones, reducir los costos del transporte de mercaderías y mejorar la competitividad de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor estratégico para las exportaciones argentinas.
La iniciativa se enmarca en el plan de desregulación económica que impulsa la administración de Milei, orientado a promover inversiones, aumentar la competencia y mejorar la eficiencia del sistema logístico nacional.
La respuesta de la oposición
En paralelo, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto alternativo encabezado por Agustina Propato, que propone declarar a la Vía Navegable Troncal del río Paraná como un bien de interés público nacional y un objetivo de valor estratégico.
La propuesta plantea que el Estado mantenga el control sobre la administración, el dragado y la operación del principal corredor fluvial del país, además de considerar infraestructura crítica nacional el tramo comprendido entre la Confluencia y las aguas profundas del Río de la Plata.
Según sus impulsores, el objetivo es preservar la gestión estatal de la vía navegable y limitar la participación de operadores privados extranjeros en un sector considerado estratégico para el comercio exterior argentino.