El Gobierno nacional negocia modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se debate en la Cámara de Diputados, para intentar reunir el respaldo necesario para un dictamen. Los cambios en discusión abarcan las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas y los mecanismos de supervisión del Congreso sobre decisiones de seguridad.
La Libertad Avanza convocó para este martes 27 de octubre, a las 16, a un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La diputada oficialista Silvana Giudici participa de las negociaciones con bloques aliados, aunque todavía no se alcanzó un acuerdo sobre el texto definitivo.
Uno de los principales puntos de discusión es el régimen de sanciones previsto para compañías que intervengan en la exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina en Malvinas y su área marítima. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo amplía el alcance de la legislación vigente para incluir, además de hidrocarburos, actividades como la pesca y la minería.
Funcionarios de Estados Unidos manifestaron reparos por el posible impacto de esas disposiciones sobre empresas estadounidenses relacionadas comercialmente con los proyectos cuestionados. Las observaciones surgieron en el marco de los contactos mantenidos en Buenos Aires con el subsecretario de Estado Christopher Landau.
La negociación se vincula especialmente con el emprendimiento petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. El oficialismo analiza precisar qué responsabilidad tendrían las operadoras, proveedoras, accionistas y otras compañías asociadas. La redacción de esas modificaciones todavía está en discusión.
Controles del Congreso y cambios en el artículo 111
Otro de los ejes del debate es el Consejo de Seguridad Nacional, organismo que el proyecto busca institucionalizar dentro del Poder Ejecutivo. Legisladores de distintos bloques cuestionaron la amplitud de sus atribuciones y solicitaron que sus decisiones estén sometidas a controles parlamentarios.
Entre las alternativas aceptadas para su incorporación figura una comisión bicameral de seguimiento, propuesta por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo. De acuerdo con la modificación anunciada durante el debate, el Ejecutivo tendría que informar a esa comisión las medidas de seguridad adoptadas dentro de las 48 horas.
También se revisa el artículo 111, relacionado con la injerencia extranjera en procesos electorales y las campañas de desinformación. La formulación original recibió críticas por su alcance penal y por los posibles efectos sobre la libertad de expresión. La nueva redacción, todavía no aprobada, buscaría excluir de manera expresa el trabajo periodístico, la investigación académica y la actividad diplomática.
Objeciones políticas y próximos pasos
El diputado misionero Alberto Arrúa, de Argentina Federal, anticipó su rechazo porque considera que la iniciativa combina medidas específicas sobre Malvinas con reformas de defensa, seguridad interior e inteligencia que deberían debatirse por separado. Desde Unión por la Patria, el excanciller Jorge Taiana también cuestionó la posición estadounidense frente al reclamo de soberanía argentina.
El oficialismo, por su parte, sostiene que el proyecto busca fortalecer la protección de los recursos estratégicos y actualizar los instrumentos legales del Estado. La Cámara de Diputados inició su tratamiento el 30 de septiembre, pero la propuesta continúa en comisiones y no cuenta todavía con dictamen.
El plenario convocado para el martes será una nueva instancia para conocer si las modificaciones alcanzan el consenso necesario para avanzar. Hasta entonces, ninguno de los cambios negociados puede darse por aprobado.