El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expuso la problemática del sector en la reunión informativa del plenario de comisiones de Diputados sobre discapacidad. «La Ley de Emergencia en Discapacidad no se cumple», denunció.
La Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) fue sancionada por el Congreso de la Nación en julio de 2025 y promulgada formalmente en septiembre de ese mismo año tras la insistencia parlamentaria ante el veto presidencial. Sin embargo, no se cumple, denunció el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la reunión informativa del plenario de comisiones de Diputados sobre discapacidad. A pesar de la ley, “estamos peor, la emergencia lo que hizo fue decir ´muchachos cumplan lo que tienen que hacer ya´”, enfatizó el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el sacrdote Pablo Molero.
El religioso cuestionó el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió por el impacto del Presupuesto 2027 en el sector. “Hay dinero para una base militar, hay dinero para las grandes empresas, no hay dinero para la discapacidad”, afirmó.
En Argentina hay 6 millones de personas con discapacidad, el 13% de la población, cifra que está dentro de los parámetros mundiales, que van del 10% al 14%. De ellas, poco más de 1.900.000 tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). No hay estadísticas oficiales que ahonden en los perfiles de los colectivos que integran este grupo poblacional. No obstante, diversos especialistas sostienen que cuando cumplen la mayoría de edad, gran parte de este colectivo sigue sin tomar decisiones propias.
El dirigente sostuvo que la situación del sector es “desastrosa” y “muy preocupante” y cuestionó que las medidas previstas por la emergencia no hayan sido implementadas de manera efectiva. “La emergencia es cuando algo es emergente, cuando algo es una urgencia, hay que actuar ya”, señaló. “La (Ley de) Emergencia no creó algo nuevo, fue decir ‘muchachos, cumplan ya lo que hay que cumplir’. La Emergencia -disculpen la expresión- fue un buen dedo metido en el traste para que alguien cumpliera las cosas. Pero la situación es peor: cuando el arancel que se paga es 30% menos de lo que se tenía que pagar, nunca se está mejor, siempre se está peor”, explicó Molero
En ese sentido, sostuvo que la aprobación de una ley no resulta suficiente si no se asignan los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. “El tema de la emergencia no es solamente votarla, es que la cumplan”, remarcó, y acusó al Gobierno de sostener públicamente que la legislación se encuentra en aplicación pese a que, según su interpretación, las disposiciones no fueron cumplidas.
El dirigente también expresó su preocupación por el Presupuesto 2027 y sostuvo que el proyecto implicaría un fuerte retroceso para las políticas destinadas a las personas con discapacidad. “El tema de la discapacidad es destruido directamente”, manifestó. Además, cuestionó el argumento de que las medidas de asistencia y atención al sector puedan afectar el equilibrio fiscal y contrastó esa situación con otras partidas previstas por el Estado. “Para frenar otras cosas se destinan miles de millones de dólares. Si son tan creativos y la tienen tan clara, que busquen dejar de lado otras cosas”, planteó durante su exposición.
Finalmente, Molero volvió a cuestionar las prioridades presupuestarias del Gobierno y reclamó que se asignen fondos para garantizar la atención de las personas con discapacidad. “Acá hay que destinar dinero”, afirmó. En esa línea, comparó los recursos destinados a proyectos de infraestructura y a grandes empresas con la situación del sector y sostuvo: “Hay dinero para una base militar, hay dinero para las grandes empresas, no hay dinero para la discapacidad”.