En el marco del programa de gobierno para el periodo 2019-2023, el candidato a gobernador del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich presentó sus propuestas e iniciativas a desarrollar en materia de seguridad ciudadana, justicia, derechos humanos y prevención de la tortura para los próximos cuatros años en caso de acceder a la titularidad del Ejecutivo provincial. La propuesta tuvo como objetivo debatir ideas, intercambiar opiniones y recibir objeciones y recomendaciones para lograr un consenso en estas temáticas sensibles a la sociedad.
En el salón de actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, Capitanich detalló sus iniciativas e instó a debatir políticas para el desarrollo sostenible.
Capitanich manifestó que se apunta a la “profundización de la ley de seguridad ciudadana y su aplicación efectiva, así como mejoras de inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y tecnología, y otros. Todo en el marco de un gran debate y trabajos en foros para poder analizar en profundidad políticas fuertes en un tema muy sensible y de notoria preocupación para la comunidad, que requiere herramientas de participación ciudadana y de carácter institucional”, señaló.
En ese marco, mostró 11 compromisos a trabajar e implementar en materia de seguridad ciudadana.
Estos son: 1, un plan plurianual de obras para la construcción y remodelación de comisarías (92 comisarías en óptimas condiciones), con incorporación de los reclusos en las tareas de construcción y refacción; 2, mejorar el sistema de inteligencia criminal para delitos complejos; 3, fortalecer las capacidades investigativas de la policía para actuar con eficacia como auxiliares del sistema de administración de justicia; 4, instrumentar esquemas de articulación de medidas y acciones en materia de seguridad ciudadana con los gobiernos municipales, 5, perfeccionar las modalidades de planificación estratégica y operativa de la institución policial, con capacitación del recurso humano; 6, garantizar el ejercicio simultáneo de derechos en una comunidad democrática mediante el protocolo de petición ante los poderes públicos; 7, un plan plurianual de actuación territorial para reducir el índice de siniestralidad vial, con participación de los municipios; 8, promover laeducación vial con el propósito de mejorar el desenvolvimiento de las personas en la vía pública como conductores y peatones; 9, garantizar a los internos privados de su libertad el reconocimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes; 10, impulsar la ratificación constitucional de la ley de seguridad democrática, del comité de prevención contra la tortura y los malos tratos; y 11, la descentralización del sistema de seguridad pública en los municipios, con participación de la comunidad en la elección de las autoridades policiales.