La 79ª Asamblea Mundial de la Salud comenzó este lunes en Ginebra y tiene entre sus temas más sensibles la situación de Argentina y su decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida impulsada por el gobierno de Javier Milei que todavía genera dudas sobre su encuadre legal y operativo.
La Argentina notificó formalmente su intención de retirarse el 17 de marzo de 2025 mediante una nota enviada al secretario general de las Naciones Unidas, en línea con el plazo de un año previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Según la postura oficial, la desvinculación se considera efectiva desde el 17 de marzo de este año.
Sin embargo, la Constitución de la OMS, adoptada en 1946, no contempla un mecanismo general de salida para los países miembros. Estados Unidos es el único Estado que cuenta con una cláusula específica que habilita un retiro unilateral, por lo que la situación argentina abrió un escenario inédito dentro del organismo internacional.
En febrero, el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó un proyecto de decisión para recomendar a la Asamblea que reconozca la salida argentina como efectiva. Aun así, distintas delegaciones y especialistas sostienen que persisten zonas grises jurídicas sobre la validez del procedimiento.
El Gobierno nacional justificó la medida por las «profundas diferencias» con el funcionamiento del organismo, especialmente por el manejo de la pandemia de Covid-19 y lo que considera una «politización» de las recomendaciones sanitarias internacionales. Desde la Casa Rosada afirman además que la decisión fortalece la soberanía sanitaria del país.
En marzo, el canciller Pablo Quirno defendió públicamente la postura oficial y aseguró que el sistema sanitario argentino no se verá afectado. También remarcó que el país mantendrá su participación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en mecanismos como el Fondo Rotatorio para la compra de vacunas y medicamentos esenciales.
¿Y el Congreso?
De todos modos, distintos sectores advierten que la salida debería pasar por el Congreso Nacional. La adhesión argentina a la OMS se concretó en 1948 mediante la ley 13.211 y juristas sostienen que un retiro de un tratado internacional incorporado al derecho interno requiere una norma equivalente o autorización legislativa expresa.
La presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), María Fernanda Boriotti, señaló que los procedimientos «no son del todo claros» ni siquiera para las delegaciones que participan de la asamblea. También explicó que desde Cancillería se buscó un mecanismo para concretar la salida sin necesidad de una ley específica.
«El problema es que los virus no conocen fronteras ni pasaportes», advirtió la dirigente, al remarcar la importancia de los sistemas internacionales de vigilancia epidemiológica y cooperación sanitaria.
Salida en medio de un brote de hantavirus
El debate cobró todavía más relevancia en medio del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia y obligó a activar protocolos sanitarios internacionales. El episodio expuso interrogantes sobre cómo se coordinarían alertas epidemiológicas, intercambio de información y asistencia técnica si Argentina deja de integrar plenamente la OMS.
Entre las principales consecuencias que señalan especialistas figura la pérdida de participación en la toma de decisiones sanitarias globales y del derecho a voto dentro del organismo. También podría verse afectado el acceso automático a redes internacionales de monitoreo epidemiológico, intercambio de datos de laboratorio y programas de cooperación técnica.
Además, analistas advierten sobre posibles impactos en acuerdos regionales vinculados al control de enfermedades infecciosas, certificaciones sanitarias y mecanismos de coordinación para el comercio y el turismo internacional.