El diputado provincial Santiago Pérez Pons cuestionó el acuerdo que el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña busca concretar con una entidad vinculada a operaciones financieras, y sostuvo que la medida abre interrogantes sobre el destino de fondos públicos y su recuperación.
El legislador se refirió al convenio que prevé un esquema de recuperación de parte de los fondos en un plazo de 18 meses y consideró que la situación requiere precisiones tanto en el plano político como judicial.
«Están intentando firmar un convenio para decirle a la gente que en 18 meses los fondos volverán. Este acuerdo no soluciona nada, solo confirma que las maniobras existieron», expresó.
Según indicó, las operatorias no habrían sido decisiones aisladas, sino parte de un conjunto más amplio de movimientos financieros que, a su entender, deben ser investigados. En ese marco, anticipó la presentación de nueva información ante la Justicia.
Además, adelantó que ampliará la denuncia, asegurando que «los fondos fueron desviados en maniobras de corrupción».
El diputado también hizo referencia a distintas operatorias que, según su planteo, incluyeron inversiones sin garantía, manejo de intereses y otras decisiones administrativas que deberán ser analizadas judicialmente.
Para Pérez Pons hubo «desvío de intereses»
«No solo se timbearon más de 2.000 millones de pesos de los saenzpeñenses en operaciones sin garantía. También hubo desvío de intereses, compras de combustible, licitaciones direccionadas y cobro de comisiones con pruebas que tendrá la justicia», sostuvo Pérez Pons.
En relación con las operaciones financieras, señaló que se habrían detectado rescates de cheques a empresarios, lo que, según su interpretación, concentró beneficios en determinados actores.
«Salvaron a empresarios amigos del poder comprando sus cheques para que la empresa no pierda los fondos y si los pierda el municipio». Asimismo, adelantó que solicitarán medidas en la causa judicial en curso: «Pediremos que esta semana sean imputados Bruno Cipolini y Diego Landriscina».
Pérez Pons también cuestionó la falta de intervención previa del Concejo Deliberante en las decisiones vinculadas a estas operatorias y planteó reparos sobre el intento actual de someter el acuerdo a aprobación legislativa.
«Es gravísimo»
«Se comprometieron más de 2.000 millones de pesos sin aval institucional. Es gravísimo», indicó. Y agregó: «No podían hacerlas y las hicieron igual. Hoy intentan que el Concejo les convalide a posteriori una maniobra irregular».
Por otra parte, hizo referencia a declaraciones previas del intendente sobre su nivel de conocimiento respecto de estas operaciones y consideró que el avance del acuerdo abre nuevas interpretaciones.
«Si no sabía nada, ¿por qué ahora busca firmar un acuerdo sobre esas mismas operaciones? Es un reconocimiento implícito de lo que negó todo este tiempo». En ese contexto, remarcó que el esquema de recuperación planteado implica que los fondos no estarían disponibles en el corto plazo.
«Dijeron que los fondos estaban recuperados. Hoy admiten que, con suerte, podrían volver el año que viene y en cuotas. Es exactamente lo contrario a lo que le dijeron a la gente», sintetizó.