La causa judicial que investiga el trágico accidente en la Ruta Nacional 12, por el que luego perdió la vida el empresario chaqueño Alejandro Javier Gauna, sumó un avance clave con la formalización de la imputación contra el funcionario municipal que autorizó la circulación de la máquina involucrada en el hecho.
El doctor Zacarías Issolio, abogado querellante en representación de la familia Gauna, brindó detalles sobre la marcha del expediente y valoró el criterio de la fiscalía al no limitar las responsabilidades únicamente al chofer del vehículo oficial.
«La fiscalía no se quedó solo con la responsabilidad penal de quien manejaba la máquina, sino de aquel funcionario que autorizó a que esa máquina circulara, no solo sin cumplir con las condiciones mecánicas y físicas, sino también con un carné que no era el habilitante para conducir», explicó el letrado.
El hecho se produjo durante la madrugada del 8 de junio pasado, cuando el vehículo conducido por el empresario colisionó contra una retroexcavadora perteneciente al Municipio de Esquina, Corrientes. Según remarcó Issolio, la maquinaria «era conducida por un empleado municipal y no tenía señalización, luces ni banderas, a la madrugada», lo que configuraba un riesgo extremo en la traza vial.
Actualmente,tanto el chofer como el funcionario municipal se encuentran imputados por homicidio culposo agravado en concurso con lesiones graves, esta última figura vinculada al cuadro que presenta el acompañante de Gauna, quien sobrevivió al impacto pero resultó con secuelas de consideración . Ambos imputados enfrentan el proceso en libertad.
Respecto a los pasos a seguir, la querella destacó la firmeza del trabajo presentado hasta el momento: «Lo relevante es la formalización de la imputación del funcionario municipal, que se presentó y se defendió. No hay medidas procesales para producir, salvo alguna pericia de los vehículos, pero las condiciones están dadas para que esto termine luego de la audiencia de control de la acusación, y luego el juicio».
Asimismo, el representante legal adelantó la estrategia patrimonial que acompañará al proceso penal. «Seguramente iremos con alguna acción civil en el mediano plazo. Como consecuencia directa del proceso penal, esto terminaría en una demanda contra la persona que conducía y contra el Estado municipal, que es el responsable en este caso», sostuvo.
Para la familia del empresario, el foco principal continúa puesto en la resolución de la causa en los tribunales. «La preocupación de la familia siempre fue avanzar en la imputación penal de todos aquellos que nosotros consideramos responsables», concluyó Issolio.