El Superior Tribunal de Justicia no se conforma con un 78% de aumento en el Presupuesto provincial 2025 y pretenden que sea más. Se trata de 201 mil millones de pesos que no estarán destinados a los trabajadores directamente, sino a «recursos que se necesitan» para que funcione la Justicia chaqueña, pero no les alcanza.
En ese marco, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, junto a sus pares Enrique Varela e Iride Isabel María Grillo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo, justificaron y defendieron la exorbitante suma de dinero que pretenden. Hablaron de ser «muy cuidadosos con las proyecciones», pero pretenden que el Gobierno provincial les dé más dinero.
Según explicaron, con el aumento del 78%, es decir los $201.000 millones, significa que un 5.85% del Presupuesto anual 2025 del Chaco, irá para la Justicia. No conformes con ese porcentaje, insistieron «en la necesidad de alcanzar un 6%».
Cabe mencionar que esta abultada suma que se le destinará al Superior, no generará beneficios directos para los trabajadores del Poder Judicial, quienes reclaman aumentos salariales, sino que estará destinado a «mantener los estándares de seguridad» y a «prioridades edilicias».
En ese sentido, desde el STJ insistieron en que necesitan más fondos para maquinarias y equipamiento. Lo curioso es que el aumento en la partida presupuestaria no les alcanzaría en lo inmediato, pese a que la suma de dinero es muy superior a la de este año (un 78% más), ya que aseguran que es «un proceso gradual que lleva entre tres y cinco años».
Asimismo, Del Río, en el rol de presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento también pidió aumento para el organismo, excusándose en «garantizar el funcionamiento eficiente y sostenible».
Irrisoriamente, Del Río aseguró que «una sede central propia permitirá mejorar la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones», para justificar el pedido de dinero para el Consejo de la Magistratura.
Los pedidos del Superior Tribunal de Justicia muestran una vez más las prioridades para los ministros, las cuales están muy lejos de los reclamos actuales de los trabajadores judiciales.