El gobierno provincial anunció una serie de medidas para garantizar mayor transparencia en la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales, fundaciones y cooperativas con personería jurídica que constituyan la economía social, solidaria y popular de la provincia. “Es necesario tener un marco regulatorio para fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y garantizar transparencia en el funcionamiento de estas organizaciones”, dijo el gobernador Jorge Capitanich tras presentar el Decreto N°1.821, donde se detallan cada una de las medidas a implementar.
Explicó que el otorgamiento de personería, autorizaciones y fiscalización vigente, debe complementarse con otras medidas previas a la concesión y permanentes durante el funcionamiento de las entidades, que atañen también a las y los integrantes, garantizando el control patrimonial personal, antecedentes penales y publicidad de los actos. “Pretendemos evitar así que existan personas que usen a las organizaciones como pantalla para el acrecentamiento patrimonial individual, explotando a las y los trabajadores”, apuntó.
En primer lugar, el decreto exige a las personas físicas que constituyan y/o sean miembros de asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas de trabajo, la presentación de: Certificación del Registro Único de Personas Violentas (RUPV), Certificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM), Certificación del Tribunal de Cuentas y Declaración Jurada Patrimonial. “Lo hacemos, por ejemplo, para garantizar que las organizaciones, previo a su constitución, no estén integradas por personas violentas que se amparen en las mismas”, dijo al respecto el mandatario.
En segundo lugar, la nueva normativa requerirá la actualización de datos de todas las asociaciones civiles, fundaciones y mutuales a través de la Inspección General de Personas Jurídicas. La actualización será obligatoria, por medio digital, de acceso público para conocimiento e información de la ciudadanía, a fin de fiscalizar el funcionamiento y administración de todas las personas jurídicas.
“Cualquier persona podrá, por plataforma digital, saber qué hace cada organización, legitimando así un régimen de transparencia con participación social y popular”, explicó Capitanich.
En tercer lugar, se autorizará al organismo de contralor a disponer la suspensión y/o pérdida de la concesión de la personería jurídica otorgada a quienes incumplan con las obligaciones y responsabilidades impuestas. “En tal línea, el Ejecutivo ha tomado debida nota de las intervenciones a fundaciones que manejan patrimonio social, el que será devuelto al Estado; nadie se lleva lo que no le corresponde y si lo hace tendrá la penalización correspondiente”, enfatizó el gobernador.