El gobierno de Donald Trump avanza con una nueva y controvertida medida migratoria que podría derivar en la revocación de hasta 200.000 visas otorgadas a extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos como visitantes temporales y posteriormente iniciaron solicitudes de asilo.
El procedimiento alcanzará a titulares de visas B1 y B2, utilizadas principalmente para viajes de negocios y turismo, y será implementado de manera progresiva por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No existe, por el momento, una fecha establecida para la finalización del operativo.
De concretarse en la magnitud prevista, se trataría de la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos , dentro de una política migratoria que durante el segundo mandato de Trump extendió las restricciones no solo sobre personas indocumentadas, sino también sobre distintas vías de ingreso y permanencia legal en el país.
Desde el Departamento de Estado justificaron la decisión bajo el argumento de que las visas temporales son concedidas a personas que manifiestan su intención de regresar a sus países de origen. «Obtener una visa con el fin de solicitar asilo es un fraude, lo que constituye un motivo para revocarla», sostuvo el portavoz de la cartera, Tommy Pigott.
Sin embargo, la presentación posterior de una solicitud de asilo no constituye por sí misma una conducta ilegal . La legislación estadounidense establece que una persona físicamente presente en Estados Unidos puede pedir esa protección independientemente de su situación migratoria, siempre que reúna los requisitos establecidos por la ley.
La controversia aparece, entonces, en la decisión del Gobierno de utilizar el posterior pedido de asilo como elemento para revisar si existió una intención diferente a la declarada cuando se tramitó la visa.
Las cancelaciones tampoco implicarán necesariamente una deportación inmediata. Quienes tengan procesos de asilo pendientes podrían permanecer dentro del sistema migratorio mientras se resuelven sus expedientes, aunque perderían el estatus correspondiente a sus visas de turismo o negocios.
Más controles para ingresar a Estados Unidos
La decisión se suma a una batería de restricciones implementadas por la administración Trump para reducir tanto la inmigración irregular como diferentes mecanismos de ingreso legal al país.
Entre las nuevas directivas, los funcionarios consulares profundizaron los interrogatorios y controles destinados a determinar si quienes solicitan visas temporales podrían intentar posteriormente permanecer en Estados Unidos.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan evitar abusos del sistema de asilo. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y especialistas en inmigración cuestionan el alcance de varias de las políticas impulsadas por Trump y advierten sobre posibles afectaciones al debido proceso y a derechos reconocidos por las leyes estadounidenses. Algunas de las restricciones migratorias de la administración ya enfrentaron impugnaciones ante los tribunales.
El endurecimiento se produce además en un escenario de cancelaciones de visas a una escala inédita. Durante el actual mandato, el Departamento de Estado informó que ya fueron revocados más de 175.000 permisos por diferentes motivos.
La nueva ofensiva podría sumar hasta otras 200.000 visas y, a diferencia de medidas anteriores centradas en casos individuales, apunta de forma amplia a quienes solicitaron asilo luego de haber ingresado como turistas o viajeros de negocios. El proceso será continuo y la cifra definitiva de personas alcanzadas todavía no fue determinada.