El defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, solicitó al Gobierno provincial «una serie de medidas para proteger a los usuarios chaqueños frente al aumento desmedido y desproporcionado de la tarifa de la energía eléctrica».
El ombudsman expresó que los incrementos energéticos se dieron «por decisiones poco claras del gobierno nacional, que plantean por un lado una recategorización de usuarios y una reducción drástica de subsidios, que implican la implementación de nuevos y extraordinarios aumentos».
«El alto costo de la energía eléctrica ha impactado gravemente en la economía de muchas familias chaqueñas, dificultando el acceso a un servicio esencial para la vida diaria y el bienestar general», afirmó Voloj, y remarcó que «esta situación se agrava en el contexto de la actual crisis económica, que ha reducido significativamente la capacidad de pago de los ciudadanos, incrementando el riesgo de cortes de suministro que afectan directamente su calidad de vida».
No obstante, el defensor del Pueblo señaló: «Entendemos que este aumento disparatado y exorbitante, contrario a los criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad, no corresponde a SECHEEP, pero sin embargo se traslada a los usuarios chaqueños estas medidas tomadas desde la Secretaría de Energía de Nación que no tienen en cuenta la realidad de nuestra provincia y sus ciudadanos».
Por otro lado, Voloj reconoció «acciones como el control de las conexiones ilegales y las medidas paliativas que se vienen tomando en la provincia como las facilidades de pago que SECHEEP ofrece», pero consideró que «la compleja situación económica amerita respuestas mucho más flexibles y adecuadas con la capacidad financiera y patrimonial de los usuarios y usuarias del servicio de energía eléctrica del Chaco».
«El acceso a la energía eléctrica no es un lujo, es un derecho humano fundamental reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde estableció que los aumentos tarifarios no pueden ser confiscatorios ni afectar el derecho a la vivienda digna ni el acceso a los servicios esenciales», sostuvo, y añadió: «A la hora de tomar decisiones sobre las tarifas en servicios esenciales, hay que tener en cuenta la delicada situación económica de gran parte de la población, sobre todo en un marco de creciente endeudamiento e incumplimiento de los planes de pago».