El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso bajo la lupa los subsidios generalizados a las tarifas de energía y advirtió que este tipo de medidas demanda una elevada cantidad de recursos públicos sin garantizar que la mayor parte de la asistencia llegue a los hogares de menores ingresos.
La conclusión surge de un informe que analizó las intervenciones aplicadas durante las últimas tres décadas en 76 países . El estudio determinó que las economías emergentes recurrieron con frecuencia a subsidios energéticos, reducciones de aranceles y controles de precios para amortiguar el impacto de las crisis sobre los consumidores.
Si bien el organismo reconoció que estas herramientas pueden aliviar rápidamente el efecto de un aumento de precios, planteó reparos sobre su eficiencia. Según el análisis, proteger a las familias de menores ingresos mediante subsidios al consumo puede demandar entre tres y seis veces más recursos fiscales que otorgar transferencias focalizadas directamente a esos hogares .
Menos del 20% de los subsidios llega a los hogares más pobres
Uno de los datos destacados por el FMI está relacionado con la distribución de los recursos. El organismo calculó que por cada euro utilizado para contener los precios de la electricidad, el gas natural y los combustibles, menos de 20 centavos benefician al 20% más pobre de los hogares .
Al mismo tiempo, el informe señaló que son precisamente las familias de menores recursos las más expuestas ante los aumentos de energía y alimentos, debido a que estos gastos representan una proporción mayor de sus ingresos.
En períodos de fuertes aumentos del costo de vida, estos sectores pueden enfrentar además una inflación superior a la experimentada por los hogares de mayores ingresos.
El Fondo también advirtió sobre las consecuencias de mantener tarifas congeladas o retrasadas durante períodos prolongados . Según indicó, esa política puede reducir los incentivos para ahorrar energía y, al mismo tiempo, incrementar las necesidades de financiamiento del Estado.
Qué propone el FMI
Frente a este escenario, el organismo consideró más eficiente reemplazar los subsidios generalizados por mecanismos de asistencia focalizados y temporales.
Entre sus recomendaciones aparece priorizar las transferencias directas hacia los hogares de menores ingresos ante fuertes aumentos de los servicios esenciales. También contempla la posibilidad de asistir excepcionalmente a sectores medios cuando una suba abrupta pueda generar fuertes dificultades económicas y sociales.
Además, el FMI plantea que las ayudas tengan una fecha de finalización definida y que su duración esté vinculada con la magnitud de la crisis que les dio origen.
En materia tarifaria, propone que los precios reflejen los costos reales de la energía, pero acompañados por compensaciones destinadas a quienes no puedan afrontar los incrementos.
El objetivo, de acuerdo con el organismo, es evitar que los recursos públicos destinados a subsidiar el consumo alcancen también a hogares que no necesitan asistencia y, al mismo tiempo, preservar margen fiscal para responder ante futuras crisis o nuevos aumentos de los precios de la energía y los alimentos .