La fuerte suba de la morosidad impulsó una batería de iniciativas en Diputados y el Senado. Los proyectos incluyen planes de desendeudamiento, límites a intereses de tarjetas, emergencias crediticias, protección de cuentas sueldo y mayores controles sobre las fintech.
El crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda del Congreso. Entre marzo de 2025 y agosto de 2026 se presentaron 59 proyectos destinados a contener el sobreendeudamiento y facilitar la regularización de las deudas de los hogares :51 ingresaron en la Cámara de Diputados y ocho en el Senado.
Aunque las propuestas surgieron desde distintos espacios políticos y no forman parte de un programa unificado, coinciden en un diagnóstico: cada vez más familias tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros .
Los números explican buena parte de la preocupación. La morosidad del crédito al sector privado pasó del 1,6% en diciembre de 2024 al 5,5% un año después. Entre las familias, el incremento fue todavía mayor: saltó del 2,5% al 9,3% durante ese período y, en 2026, los atrasos ya superaron el 12%, alcanzando niveles que no se registraban desde hacía décadas.
A este escenario se suma la expansión del crédito otorgado a través de billeteras virtuales y plataformas fintech , que permitió acceder rápidamente al financiamiento a sectores tradicionalmente alejados de los bancos, especialmente entre los más jóvenes.
Qué alternativas analiza el Congreso
Las iniciativas pueden dividirse en cinco grandes grupos. Una parte propone regímenes integrales para prevenir el sobreendeudamiento, con sistemas de alerta temprana, reestructuración de pasivos y mayores obligaciones para quienes ofrecen créditos.
Otro conjunto apunta directamente a crear programas de desendeudamiento o de «segunda oportunidad», para que las familias puedan renegociar obligaciones y recuperar capacidad de pago.
También existen proyectos para declarar diferentes tipos de emergencia crediticia, financiera o económica, con períodos que van desde los 180 días hasta los dos años.
Las tarjetas de crédito constituyen otro de los principales focos. Allí aparecen propuestas para limitar intereses y cargos, permitir que los propios usuarios establezcan topes de gasto y crear planes especiales de regularización para quienes acumulan cuotas impagas.
Finalmente, hay iniciativas destinadas específicamente a jóvenes, adultos mayores, beneficiarios de la seguridad social y MiPyMEs , además de modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras para facilitar que las personas físicas puedan superar situaciones de insolvencia.
Fintech y cobranzas, también bajo la lupa
Algunas propuestas avanzan más allá de la renegociación de las deudas. El diputado Esteban Paulón planteó regular las prácticas abusivas de cobranza extrajudicial y también propuso que la actividad financiera no bancaria quede bajo regulación y supervisión del Banco Central .
Este último punto abre uno de los debates centrales: hasta dónde debe llegar el control estatal sobre las empresas fintech y otras plataformas que ofrecen créditos fuera del circuito bancario tradicional.
En el Senado, en tanto, se acumulan ocho iniciativas. Entre ellas aparece el régimen de desendeudamiento familiar denominado Ley RED , impulsado por Jorge Capitanich, además de proyectos para reducir tasas de tarjetas, establecer procedimientos para consumidores sobreendeudados y declarar una emergencia por 180 días.
La discusión también alcanza a los salarios. En Diputados se presentó una propuesta para modificar el artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo y reforzar la inembargabilidad de las cuentas sueldo .
Por ahora, las iniciativas transitan por separado y no existe un proyecto único que concentre el debate. Sin embargo, la cantidad de expedientes presentados en poco más de un año muestra que el endeudamiento de los hogares dejó de ser solamente una preocupación financiera y comenzó a instalarse como uno de los temas sociales y económicos que el Congreso deberá abordar .