La Justicia en lo Penal Económico recibió una denuncia contra directivos y responsables de empresas pesqueras internacionales por presunto contrabando y explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur mediante licencias otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes sostienen que las compañías denunciadas capturarían recursos pesqueros en áreas bajo jurisdicción argentina y posteriormente realizarían operaciones comerciales sin someterse a los controles aduaneros nacionales.
Además, solicitaron que se investigue si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por «omisión de vigilancia, patrullaje» o por no haber impulsado actuaciones destinadas a perseguir las maniobras denunciadas.
Según plantea el escrito, las operaciones afectarían tanto los recursos naturales como el control aduanero argentino sobre sectores de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva.
La denuncia se apoya, entre otros elementos, en información disponible sobre empresas y embarcaciones que desarrollarían actividades pesqueras en aguas próximas a las Islas Malvinas mediante permisos expedidos por las autoridades británicas.
«Patentes de corso»
Los denunciantes cuestionaron directamente la validez de esos permisos y sostuvieron que las compañías realizarían una explotación comercial de recursos pesqueros argentinos amparándose en autorizaciones que consideran ilegítimas.
«Las llamadas ‘licencias de pesca’, en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina», señalaron en la presentación judicial.
De acuerdo con la denuncia, las embarcaciones capturarían recursos vivos marinos y luego efectuarían exportaciones, trasbordos o descargas sin intervención de la Aduana argentina.
Para los presentantes, esa operatoria podría configurar el delito de contrabando debido a que implicaría la extracción de recursos del territorio marítimo reclamado por la Argentina sin fiscalización ni pago de los derechos aduaneros correspondientes.
En ese sentido, sostienen que las licencias otorgadas por las autoridades británicas funcionarían como parte de un mecanismo destinado a eludir los controles nacionales.
La presentación invoca los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, relacionados con la obstaculización del control aduanero, la exportación clandestina y distintos supuestos agravados. Entre ellos, mencionaron la utilización de buques y una eventual organización de las operaciones destinada a evitar la intervención de la Aduana y de la Prefectura Naval Argentina.
Qué le pidieron a la Justicia
Además de determinar las posibles responsabilidades penales de las empresas y sus directivos, los denunciantes solicitaron una serie de medidas para reconstruir cómo operan las flotas involucradas.
Pidieron que la Prefectura Naval Argentina y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) remitan registros de avistamiento e identificación de los buques vinculados con las firmas denunciadas y de otras embarcaciones detectadas en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o sin autorización argentina.
También reclamaron que la Dirección General de Aduanas informe si las compañías realizaron operaciones de exportación en el país o abonaron aranceles vinculados con las capturas efectuadas en el área marítima de Malvinas.
A la Inspección General de Justicia, en tanto, le solicitaron datos sobre eventuales vínculos comerciales de las firmas con sociedades, filiales o activos radicados en el territorio continental argentino.
Finalmente, pidieron que, en caso de corresponder, los responsables de las compañías sean citados a declaración indagatoria y que se evalúe la aplicación de medidas cautelares sobre embarcaciones y activos comerciales vinculados con las empresas investigadas.