La decisión del gobierno de retirar la parte fiscal del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso abre un nuevo capítulo en el tironeo entre el Ejecutivo nacional y las provincias acerca de la distribución de recursos.
Ya antes del anuncio del viernes por la noche de Luis Caputo, del desistimiento oficial de ese paquete de medidas -aumento de retenciones, reversión de la reducción del impuesto a las Ganancias sancionada a fines de 2023, moratoria, blanqueo y nueva fórmula de ajuste previsional- el propio ministro había adelantado que ocurriría si el Congreso no aprobaba -y todo indicaba que no lo haría- esas herramientas.
El propio Caputo había ratificado su estrategia para llegar de todos modos al “déficit fiscal cero” el miércoles 24, en un posteo de Twitter, en el que contó: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”.