El Congreso de la Nación transformó el jueves en ley el proyecto impulsado por la oposición que establece un nuevo incremento para las jubilaciones y pensiones, además de una suba del bono extraordinario que cobran quienes perciben los haberes mínimos. Aunque el Gobierno, a través del presidente de la Nación, Javier Milei, ya anticipó que vetará la iniciativa, el debate legislativo y judicial continúa abierto y el aumento podría quedar firme si el Congreso logra rechazar el veto presidencial.
Luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados a principios de junio, el Senado sancionó el jueves la ley que prevé una suba del 7,2% en todos los haberes jubilatorios y pensiones, y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000, cifra que se mantuvo congelada desde su implementación.
Actualmente, el haber mínimo asciende a $309.294,79, al que se le suma el bono vigente de $70.000, lo que totaliza $379.294,79. Con la nueva ley, ese monto pasaría a $441.564, lo que representa una suba del 16,4%. En el caso de los haberes máximos, pasarían de $2.081.261,17 a $2.231.111.
Por otro lado, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se verían beneficiados. Pasarían de cobrar $247.436 a $317.436 , contemplando el incremento tanto del haber como del bono.
El objetivo de este ajuste es compensar el desfasaje generado por la inflación de enero de 2024, que alcanzó el 20,6%, frente al 12,5% otorgado por decreto ese mes. De esta manera, la suba busca emparejar ese desajuste con una recomposición adicional.
Desde el oficialismo, sin embargo, no hay intención de aplicar la nueva normativa. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el costo fiscal de esta medida pone en riesgo el equilibrio presupuestario. Según cálculos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento del bono a $110.000, y su posterior actualización por inflación, implicaría un gasto equivalente al 0,26% del PBI.
Además, el Palacio de Hacienda estimó que la suba del 7,2% en las jubilaciones abonadas por Anses tendrá un impacto del 0,20% del PBI en 2025 y de 0,42% en 2026, lo que representaría un 0,7% acumulado.
Frente a esto, el presidente Javier Milei fue contundente en redes sociales: «Nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO», y calificó la medida como parte de una «demagogia populista». Si bien el Gobierno ya anticipó el veto, el Congreso aún puede insistir con la aprobación definitiva si reúne los dos tercios de los votos en ambas cámaras. En caso de lograrlo, desde la Casa Rosada ya adelantaron que recurrirán a la Justicia.