En una resolución judicial clave dictada el pasado 29 de octubre de 2026, la Justicia dispuso la clausura de la investigación penal preparatoria y el cambio de carátula en las actuaciones por la desaparición y presunto crimen de María Luz Herrera Leaño, habilitando de manera formal el camino para que el expediente se defina en un juicio por jurados populares.
A partir de este nuevo pronunciamiento judicial, la causa quedó reconfigurada de forma oficial bajo la tipificación:»GODOY FLORENTIN, DARÍO ESEQUIEL – GODOY OJEDA, DARÍO ISMAEL S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE PAREJA Y FEMICIDIO». La modificación agrava el cuadro acusatorio para los dos principales sospechosos en la antesala del debate oral.
RUMBO AL JUICIO POR JURADOS
Con la clausura de la etapa instructoria, el expediente fue remitido a la Oficina Judicial de Juicio por Jurados.
El organismo iniciará las gestiones pertinentes para concretar el sorteo del Juez Técnico que tendrá a su cargo la conducción del debate, la dirección de las audiencias preliminares (audiencias voir dire) para la selección de los doce ciudadanos titulares y los suplentes, y la determinación de las instrucciones finales del jurado.
SITUACIÓN DE LOS ACUSADOS
Los imputados llegan a esta instancia bajo estricta privación de su libertad en dependencias del interior provincial:
- Darío Esequiel Godoy Florentín (expareja de la joven) permanece alojado en las instalaciones del Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña.
- Darío Ismael Godoy Ojeda (padre del joven) continúa privado de la libertad en la Comisaría de la localidad de Santa Sylvina.
La asistencia jurídica de ambos acusados está a cargo del abogado defensor, Bruno Horacio Romero.
Por su parte, el bloque acusador particular e institucional se encuentra integrado por dos representaciones querellantes: Carolina Raquel Aquino, en patrocinio de Cecilia Leaño, madre de la víctima; y Leandro Javier Ramírez, en representación institucional de Sonia Elisabet Valenzuela, titular de la Subsecretaría de Género y Diversidad de la Provincia del Chaco.
El proceso entra así en una etapa decisiva, donde un jurado popular determinará la responsabilidad penal de los imputados, en uno de los casos de mayor impacto social en la provincia.