El fiscal federal Diego Velasco solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 5 que fije fecha para el comienzo del juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces, por hechos de corrupción, donde los principales acusados son Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kircher.
La acusación fiscal sostiene que a través de esas empresas hoteleras se emitían facturas a Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, para blanquear el dinero ilegal (retornos) por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
El año pasado, el TOF 5 informó que no se podía fijar fecha debido a los cambios en la composición del tribunal y a las demoras en una pericia contable de Los Sauces.
Finalmente, el tribunal quedó integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Rodrigo Giménez Uriburu, y ahora se aguarda los resultados de las pericias contables.
Así, el fiscal Velasco, quien lleva adelante la acusación, solicitó avanzar con la fecha para comenzar con el proceso, ya que teniendo en cuenta los plazos, planteó que el peritaje se puede incorporar durante el juicio.
«Solicito nuevamente que el Tribunal fije fecha de celebración del debate oral y público en los presentes procesos, sin perjuicio de que las últimas pruebas periciales pendientes de culminación puedan ser incorporadas antes del inicio de la audiencia o inclusive durante su celebración, todo lo cual, insisto dejo así formalmente requerido», sostuvo Velasco en su dictamen.
El fiscal ya cuenta con una pericia sobre Hotesur que refuerza la hipótesis de que la firma hotelera operaba únicamente para recibir fondos de empresas del empresario Lázaro Báez, provenientes de contratos viales.
Según la fiscalía, esta maniobra se relaciona de manera directa con la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, donde se comprobó que los fondos públicos destinados a obras viales eran desviados a través de contratos simulados hacia las empresas de la expresidenta.
La investigación fiscal plantea que estas maniobras no solo beneficiaron a Báez, sino que también enriquecieron a la familia Kirchner, utilizando Hotesur y Los Sauces para darle un marco legal al direccionamiento del dinero.
La fiscalía sostiene que Báez pagó más de 27 millones de pesos entre 2009 y 2013 a través de su firma Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate, mientras que otras empresas del Grupo Austral (también de Báez) generaron ingresos adicionales por 11 millones de pesos, muchas veces por habitaciones que no se ocuparon.
Además, se les imputa el delito de dádivas por las operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, como funcionaria pública, y contratistas del Estado.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos -apelados por el fiscal Velasco- que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.
El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: «El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate».
Finalmente, en diciembre de 2024,la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio.