Concluyeron las cinco audiencias de declaraciones indagatorias en el marco de la causa Caballero IV, donde se presentaron las acusaciones contra 12 imputados por crímenes de lesa humanidad , incluyendo privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y otros delitos cometidos entre 1974 y 1977 contra 22 víctimas.
Este proceso judicial representa la quinta investigación en la que se juzgan crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad en la provincia del Chaco, particularmente en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, un centro clandestino de detención conocido como «La Casita de los Mártires», que operó durante la dictadura militar. Hoy, en ese mismo lugar, se encuentra la Casa por la Memoria, un espacio dedicado a recordar las víctimas del terrorismo de estado.
La causa Caballero IV involucra a una serie de ex miembros de diversas fuerzas de seguridad, entre las que se destacan la Policía del Chaco, el Ejército Argentino y el Servicio Penitenciario Federal. Estos ex funcionarios están siendo investigados por su participación en crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar, específicamente entre 1974 y 1977.
Los crímenes que se les imputan incluyen secuestros, torturas y otros actos de violencia contra civiles, muchos de los cuales fueron cometidos en los centros clandestinos de detención más notorios de la provincia.
Entre los principales imputados se encuentran ex oficiales del Ejército Argentino. Destacan Aldo Martínez Segon, exteniente coronel; Tadeo Bettolli, exteniente coronel; y Alberto Patteta, exteniente primero. Estos oficiales formaron parte del aparato represivo militar que operó en la región durante la dictadura y están acusados de llevar a cabo secuestros y torturas en diversos centros clandestinos de detención, entre ellos la Brigada de Investigaciones.
Asimismo, dentro de los imputados de la Policía del Chaco, se encuentran figuras de alto rango como José Francisco Rodríguez Valiente, excomisario general; Gabino Manader, exsuboficial mayor; Jorge Ángel Ibarra, exsuboficial principal; y José Marín, exsargento. Además, se incluyen a los agentes Humberto Ramón Maidana y Emilio Zárate, quienes también formaron parte de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco y están siendo acusados de torturas y otras violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, la Cárcel Federal U7 también estuvo implicada en estos crímenes, por lo que se encuentran imputados Pablo César Casco, exalcalde y jefe de guardia de la U7, e Ignacio López, agente de Comunicaciones de la Policía del Chaco. Casco, quien se desempeñaba en el Servicio Penitenciario Federal, es acusado de entregar a prisioneros a las fuerzas represivas para ser sometidos a torturas.
Los imputados, en su mayoría, ejercieron roles clave en las estructuras de represión del Chaco durante la dictadura. Las acusaciones contra ellos se centran en su participación activa en el secuestro y la tortura de militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y ciudadanos que fueron considerados «enemigos» del régimen militar.
Las víctimas
La causa Caballero IV involucra a 22 víctimas, la mayoría de ellas militantes sociales, estudiantes, docentes y trabajadores comprometidos con diversas causas políticas y sociales, quienes fueron detenidos y torturados por las fuerzas de seguridad . Entre las víctimas se encuentran:
Miguel Sánchez: Fundador de la Unión de Estudiantes Secundarios de Misiones, fue secuestrado en agosto de 1976 en Posadas, Misiones, y trasladado a la Cárcel Federal U7 en Resistencia. Fue posteriormente entregado a un grupo de personas del Ejército Argentino y llevado al Centro Clandestino de Detención «Casita de los Mártires» en Posadas, donde fue asesinado a golpes. Su cuerpo fue entregado a su familia el 5 de noviembre de 1976, con la orden de no abrir el ataúd.
Familia González: El 28 de abril de 1976, un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco allanó la casa de la familia González, en el Barrio Juan de Garay de Resistencia. Los padres, Ramón González y Amada Eulogia Borba, fueron detenidos y llevados a la Brigada de Investigaciones. Las cuatro hijas de la familia, menores de edad en ese momento, fueron dejadas incomunicadas en su hogar y custodiadas por tres policías armados. Durante varios días, las niñas fueron amenazadas y apuntadas con armas. Las dos hijas mayores fueron llevadas a declarar a la Brigada de Investigaciones bajo amenazas, mientras las menores permanecían en la casa.
Mario Cuevas: Originario de Reconquista, Santa Fe, fue presidente de la ENET Nº 1 y un activo militante en la Comisión Municipal Autárquica de Vivienda. Ante la persecución del golpe de Estado de 1976, se refugió en Resistencia. Fue detenido el 30 de junio de 1976 en un operativo de la Policía del Chaco. Durante su detención, fue herido en una pierna y, tras ser torturado en la Alcaidía Policial y la Dirección de Investigaciones, fue trasladado a la Cárcel U7. Desde allí, fue retirado y fusilado en la Masacre de Margarita Belén, en la que perdieron la vida varios militantes. Su cuerpo fue entregado a su familia después de su fusilamiento.
La investigación de la causa Caballero IV continúa con los procedimientos judiciales correspondientes. Algunos de los imputados declararon en su defensa, mientras que otros lo harán en los próximos días.
Además, se están realizando juntas médicas para determinar si los imputados Miguel Vitorello y Luciano Cáceres están en condiciones de comprender las acusaciones que enfrentan y poder ejercer su derecho a defensa. En caso de que se determine que no están en condiciones de enfrentar el proceso, se resolverá si continúan en la causa o si se les aparta del juicio.
La causa Caballero IV es una de las múltiples investigaciones judiciales en curso que buscan juzgar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar en Argentina. A través de estas causas, se busca visibilizar las atrocidades sufridas por las víctimas, hacer justicia y garantizar que estos crímenes no sean olvidados. La labor judicial, junto con el trabajo de organizaciones de derechos humanos, juega un papel fundamental en la reconstrucción de la memoria histórica y en la protección de los derechos humanos en el país.