Un hombre de 42 años será juzgado en Chubut acusado de haber torturado y matado a la perra de su pareja frente a la mujer y sus tres hijos menores, en un episodio que la Fiscalía encuadró dentro de un contexto de violencia de género.
La decisión fue adoptada durante una audiencia preliminar de control de acusación realizada en Esquel. El imputado deberá responder por crueldad animal en concurso real con amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo.
El hecho ocurrió el 13 de enero, durante una discusión en la vivienda que compartía la pareja. Según la acusación fiscal, el hombre intentaba echar de la casa a la mujer y a sus tres hijos cuando tomó a «Puchi», una perra galga, y la llevó hacia el exterior.
De acuerdo con la investigación, allí habría ahorcado al animal con un alambre de púas en la puerta de entrada, mientras la mujer y los chicos presenciaban la escena.
Durante el ataque, habría asegurado que «iba a enseñar quién mandaba» y obligado a su pareja a observar lo que hacía. Luego, según la Fiscalía, la amenazó diciéndole que «iba a terminar como la perra».
La acusación sostiene además que el hombre mutiló al animal cuando todavía se encontraba con vida y posteriormente trasladó el cuerpo hasta un pinar cercano.
Para el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el ataque contra «Puchi» no constituyó un episodio aislado, sino que habría sido utilizado deliberadamente para provocar miedo y sufrimiento psicológico tanto en la mujer como en sus hijos.
En ese marco, la Fiscalía consideró que el episodio debe ser analizado como una forma de violencia vicaria, entendida como aquella en la que se utiliza a una persona, un animal u otro vínculo significativo para provocar daño emocional a una mujer.
También señaló que, si bien el Código Penal no contempla específicamente el daño contra animales como agravante dentro de los casos de violencia de género, las circunstancias en las que ocurrió el hecho deberán ser consideradas al momento de evaluar su gravedad y, eventualmente, determinar una pena.
La mujer también denunció una agresión
Según la acusación, los episodios violentos continuaron al día siguiente. El hombre habría cortado el suministro eléctrico de la vivienda para impedir que la familia preparara el desayuno de los chicos y posteriormente habría golpeado a su pareja.
Las lesiones fueron constatadas mediante informes médicos y, de acuerdo con la Fiscalía, demandaron entre 15 y 30 días de curación.
Durante la audiencia, la fiscal María Bottini y la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato sostuvieron la acusación y presentaron como elementos de prueba el testimonio de la víctima, informes médicos forenses, información extraída del teléfono celular del acusado y peritajes del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV).
Según el Ministerio Público Fiscal, esos estudios determinaron un nivel de riesgo alto para la mujer y sus hijos.
La defensa sostuvo que la muerte de la perra fue accidental
La defensa oficial rechazó la versión de la Fiscalía y planteó que la muerte de «Puchi» habría sido producto de un accidente.
Según esa hipótesis, el animal se habría ahorcado con los alambres luego de una pelea con otros perros de la zona. La defensa afirmó además que el acusado trasladó posteriormente el cuerpo hasta un pinar para evitar que los chicos vieran a la mascota muerta.
También negó que el hombre hubiera golpeado a su pareja y cuestionó la existencia de un vínculo afectivo significativo entre la mujer y el animal.
Durante la audiencia, la jueza rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa y admitió la mayor parte de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía.
Sin embargo, resolvió sobreseer al imputado por otro hecho relacionado con una segunda perra galga que presentaba un cuadro de extrema delgadez, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad.
Además, excluyó un informe elaborado por una médica veterinaria, aunque autorizó que la profesional declare como testigo sobre su intervención posterior al hallazgo del cuerpo de «Puchi».
Con la elevación a juicio confirmada, la Oficina Judicial deberá ahora sortear al juez que estará a cargo del debate y establecer la fecha del juicio oral y público.