Apenas había cumplido la mayoría de edad. Pero le hicieron la mayor bajeza. Tenía 21 años. Trabajaba desde fines del 2013, con la (ex) diputada (socialista) Gabriela Troiano. El 11 de noviembre del 2016 le cambió la vida y ella, también, cambió la vida política argentina. “No es no” y el “no” a un diputado también. En Argentina, el poder era un sinónimo de tener banca sobre el cuerpo de las mujeres, sin límites, sin reparos, sin ética, sin consensos, sin consentimiento, era un poder ilimitado, abusivo y depredador.
Ella, que no tenía ni la edad para ser diputada, cambió la historia, de los pasos perdidos en donde nadie veía nada, hacía nada, ni reclamaba nada. El fallo paso inadvertido en una sociedad anestesiada, sobre informada o en la que solo es noticia lo que se viraliza. Pero la sentencia tiene un efecto contundente. Los diputados ya no son intocables. Y a las mujeres no se las puede tocar sin su permiso y sus ganas.
El 7 de diciembre, por primera vez, un político fue condenado por violencia político/sexual durante sus funciones legislativas. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, integrado por los jueces Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvá generó una condena basado en la acción de la fiscalía, testimonios y la palabra de la víctima. El Tribunal Oral condenó el 7 de diciembre del 2022 a José Orellana por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual el11 de noviembre de 2016.
Además se estipula que Orellana no se puede acercar a la víctima y que, cuando quede firme la sentencia, se debe obtener el perfil genético de Orellana para remitirlo al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la integridad Sexual. A pesar de eso, Orellana hizo un comunicado en donde se reafirmó como intendente (peronista) de Famaillá, en Tucumán, aparece con el pulgar levantado, agradece el “afecto” y “respeto” y señala “Esto nos fortalecerá”. El sentenciado subió la apuesta: “Ganaremos el municipio y seremos el legislador más votado de la sección oeste”.
Orellana anunció la apelación de la causa y opinó que “el tiempo nos dará la razón”. Es cierto que hasta que la sentencia no quede firme no produce efecto (no tiene que renunciar por orden judicial, aunque debería haber renunciado por ética y por voluntad política). Pero también que el efecto político es innegable. Y que más allá de su voluntad el Poder Ejecutivo (provincial y nacional) no puede mirar para otro lados como si la Ley Micaela, Ni Una Menos, Me Too y Mirá Como Nos Ponemos fueran solo frases vacías que no implican responsabilidad a la hora de designar o avalar funcionarios y candidaturas.