El laboratorio de la provincia de Chaco comenzará a elaborar ibuprofeno, lo que convierte a esa jurisdicción en la séptima de la Argentina en producir este analgésico desde el sector público, y tiene previsto además fabricar otros cinco medicamentos de Atención Primaria de la Salud (APS) como amlodipina, enalapril, metmorfina, paracetamol y atorvastatina.
La producción pública de medicamentos es una herramienta fundamental para dar respuesta a la demanda de la población, más aún si ostenta un espíritu federal.
Actualmente, hay 49 laboratorios de diferentes puntos del país adheridos a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) convirtiéndose en una herramienta clave para hacer frente a las constantes subas del sector privado. Chaco comenzará a fabricar ibuprofeno, convirtiéndose en la séptima provincia argentina en elaborar este analgésico desde el sector público.
Los laboratorios públicos que ya producen ibuprofeno 400 en comprimidos y cuentan con registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) son el LIF de Santa Fe y Puntanos de San Luis.
En tanto que el laboratorio Profarse de Rio Negro; San Francisco de Córdoba, Plamecor de Corrientes, el Instituto Tomás Perón y el laboratorio de Hurlingham de la provincia de Buenos Aires también lo producen pero cuentan sólo con el registro provincial, lo que les permite abastecer a sus respectivas provincia.
Laboratorios Chaqueños S.A., con 14 años de trabajo en la elaboración de reactivos y adherido a la Anlap, será responsable de encarar este proyecto que además de ibuprofeno contempla otros cinco medicamentos de APS: amlodipina, enalapril, metmorfina, paracetamol y atorvastatina.
Tras su aporte en contexto de pandemia, convenio mediante con el Conicet, con la fabricación de Serocovid-Federal -test serológico de anticuerpos- y su insumo más reciente Carba Color Test -que permite detectar la resistencia bacteriana de los pacientes- la entidad que es 99 % de participación estatal y 1% de recursos privados, obtuvo la aprobación por parte del Gobierno local para incursionar en la fabricación de fármacos.